#DineroHay

En un contexto muy complicado, las entidades eclesiales de cooperación se suman a la demanda social de abandonar la triste tendencia de la última década. La Coordinadora Nacional de ONGD (en la que participamos junto a otras entidades eclesiales como Cáritas, Manos Unidas y Justicia y Paz) ha elaborado un completo dossier para clarificar la situación de la cooperación española ante las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado.

La Agenda 2030 es un marco para las entidades que pretendemos apoyar la dignidad de las personas, ya sea mediante programas de intervención social local en España o de cooperación exterior.  Desde muy diversos sectores se viene constatando que la pandemia demuestra la urgencia de políticas que garanticen los derechos humanos, promuevan vidas dignas y protejan los entornos de las poblaciones.

Nos enfrentamos al primer retroceso del índice global de desarrollo en 30 años. Según Oxfam-Intermón, más de 500 millones de personas podrían sufrir pobreza a consecuencia de la COVID-19, y como es habitual, el impacto es mayor en las mujeres y niñas: 11 millones están en riesgo de no volver al colegio.

El Gobierno de España se comprometió al inicio de su andadura a destinar al final de la legislatura el 0,5% de la Renta Nacional Bruta a cooperación. La realidad mundial que vivimos así lo exige. La negociación de los presupuestos generales del Estado para 2021 debe suponer un cambio en materia de cooperación. Porque en 2019 España gestionó la mitad de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) que en 2008. Y con un 0,19% destinado a cooperación España continúa estancada en la cola de Europa. El objetivo del 0.5% supone llevar a la AOD hasta 3.500 millones de euros, es decir, aumentar el presupuesto actual en 900 millones en estos 4 años.

No podemos mirar a corto plazo y solo dentro de nuestras fronteras. Invertir en cooperación (¿por qué suele hablarse de gasto social mientras decimos inversión en infraestructuras?) es hacerlo en las necesidades de hoy y las soluciones del mañana; es conectar con el sentir mayoritario de la sociedad y hacer de la solidaridad internacional un elemento de cohesión y un antídoto a las amenazas globales. Para las entidades eclesiales la solidaridad no puede ser, sin embargo, solo una estrategia en la que todos ganamos, es un imperativo. La Doctrina Social de la Iglesia defiende la vida digna y la Creación desde siempre. No se trata de que tengamos ahora un papa ecologista. No se trata de demagogia, buenismo o ideología. Hay que optar.

Y no podemos caer en la trampa de confrontar las necesidades del creciente número de personas excluidas y amenazadas de ello en España con las de la incontable muchedumbre descartada en el sur global. Hay dinero. Lo que hace falta es la valentía para dedicarlo a partidas que generan dignidad y garantizan la sostenibilidad del entorno y desinvertirla, de las que ahondan en el sistema que nos ha llevado a esta crisis global, como la de la industria de los combustibles fósiles y la de la “seguridad y defensa”.