Los Derechos Humanos en vilo

FUENTE: Alfa y Omega.- La ley europea para que las empresas protejan los derechos humanos puede no aprobarse antes de las elecciones, alerta la plataforma de ONG eclesiales CIDSE.

«La UE iba a ser pionera en sacar adelante el primer texto vinculante de diligencia debida», que obligara a las grandes empresas a asegurarse de que sus cadenas de suministro no dañan los derechos humanos ni el medio ambiente. La Directiva sobre Diligencia Debida en Materia de Sostenibilidad Empresarial, aunque imperfecta, trajo la esperanza de que «el norte global empezaba a asumir su responsabilidad en el sur», asegura Susana Hernández, que sigue este caso desde la Alianza Internacional de ONG Católicas de Desarrollo (CIDSE). Pero los dos retrasos consecutivos en su votación en el Consejo Europeo la han tornado en desmotivación.

El texto, acordado en diciembre por la Comisión Europea, el Parlamento y el Consejo Europeo se iba a votar en esta última institución en febrero. Pero la votación se retrasó tanto los días 9 como 16. Este miércoles, se esperaba que consiguiera el apoyo del Comité de Representantes Permanentes de la UE (COREPER), paso previo a su visto bueno en el Consejo. «Si se hubiera logrado», habría llegado al Consejo de la UE acompañada de una nota y aprobado sin necesidad de votarla, explica Amaya Acero, coordinadora de la PER, en la que participa REDES liderando a Enlázate por la Justicia. Pero no ha sido así, pues no se ha sumado un número mínimo de Estados miembro. La abstención de Alemania se ha contagiado a otros estados. Ahora es mucho más complicado que salga adelante antes de las elecciones europeas del próximo junio.

La única posibilidad de que salga adelante durante la presidencia belga es que se vote el 6 o 7 de marzo. «Esperamos verlo en el orden del día, porque no está y eso genera incertidumbre», apunta Hernández. De no ser así, «no dan los tiempos» para que lo apruebe el pleno de la Eurocámara, el último paso, antes de las elecciones europeas de junio. Esta posibilidad «nos tiene a todos en vilo», pues es arriesgado dejar en manos de un nuevo Parlamento de composición incierta y de la presidencia húngara de la UE relanzar el proyecto en la nueva legislatura. «Es muy grave que una facción de un gobierno ponga en riesgo toda la posición de la UE y un proceso de años», lamenta Hernández. Alude al Partido Democrático Libre, miembro de la coalición de Gobierno germana, que es liberal y contrario a la norma.

“Deploramos la decisión de los miembros de la UE de no atenerse a sus compromisos iniciales, alcanzados el pasado mes de diciembre. Con tal decisión, los Estados miembros protegen a todas aquellas empresas que prefieren no mirar con lupa lo que ocurre en sus cadenas de suministro mundiales y para las que unas condiciones de trabajo dignas no son más que un coste incómodo y no una obligación moral”, ha denunciado la eurodiputada socialista y ponente de la Eurocámara, Lara Wolters.

Si la directiva estuviera en vigor, en Brumandinho (Brasil) las familias de los 272 fallecidos por el derrumbe en 2019 de una presa que la auditora alemana TÜV SÜD certificó como segura hubieran podido acceder a la justicia de manera más ágil y TÜV SÜD «hubiera tenido que asumir su responsabilidad». Lo mismo la belga SIAT, productora de caucho y aceite de palma y acusada de apropiación de tierras en Ghana, Nigeria y Costa de Marfil.

A los esfuerzos de la presidencia belga por salvar el proyecto se suman los intentos de la sociedad civil por «influir en los Estados indecisos». Hernández subraya que España, que apostó fuerte por la directiva durante su presidencia de la UE, «podría jugar un papel estratégico» aquí. Todo ello evitando en lo posible que se acepte renegociar el texto. Pero también «nos estamos preparando para ver qué posición tomaríamos» si, por ejemplo, se modificara para que solo afecte a empresas más grandes. Con el texto actual, que se aplica a las de más de 500 empleados, «ya no están la mitad». Dentro de esta campaña, CIDSE y la Comisión de Conferencias Episcopales de la UE (COMECE) exhortaron el 13 de febrero a «adoptar urgentemente» la directiva, recordando que cuenta con el apoyo de la Iglesia y de más de 200 líderes religiosos más.