REDES se ha sumado, junto a más de 220 grupos de la sociedad civil europea y mundial, a la declaración para que se refuerce la ley de Debida Diligencia de las Empresas en materia de Sostenibilidad. Esta declaración ha sido impulsada por la Coalición Europea para la Justicia Empresarial (ECCJ) y, en España, por la Plataforma para las Empresas Responsables (PER) , en la que participa Enlázate por la Justicia. Entre las organizaciones firmantes también se encuentran Manos Unidas, Alboan, Setem y la Coordinadora Estatal de Comercio Justo.

La propuesta de la Comisión Europea debe reforzarse para poner fin a los daños
empresariales a los derechos humanos, el medio ambiente y el clima. En su reciente visita a España, nuestras compañeras y compañeros de la Red Iglesias y Minería nos recordaban la importancia de contar con este tipo de legislaciones a nivel europeo y español para proteger a sus comunidades de origen. Hace 2 años, más de 200 obispos de todo el mundo firmaron una declaración pidiendo estas leyes.

El 23 de febrero de 2022, la Comisión Europea publicó su propuesta de directiva de Debida
Diligencia de las Empresas en materia de Sostenibilidad. Esta Directiva podría representar
un hito en la reducción al mínimo de los impactos negativos de las empresas sobre los
trabajadores, las comunidades y el medio ambiente en todo el mundo. En respuesta, más
de 220 ONG y sindicatos de todo el mundo acogen la propuesta como un paso esencial y
muy esperado hacia la rendición de cuentas de las empresas, la conducta empresarial
responsable y el acceso a la justicia.

Sin embargo, resulta urgente abordar las importantes deficiencias del texto, que corren el
riesgo de impedir que la directiva logre el impacto positivo que las personas, el planeta y el
clima necesitan urgentemente, y que los ciudadanos de la UE, los trabajadores y las
comunidades afectadas por los abusos de las empresas en todo el mundo han venido
exigiendo públicamente.

En la declaración conjunta se exponen nuestras opiniones colectivas sobre la forma de
mejorar la propuesta, para garantizar que la ley obligue a prevenir eficazmente los daños de
las empresas sobre los derechos humanos, el medio ambiente y el clima; así como para
garantizar que las víctimas de los abusos de las empresas tengan acceso a un recurso
judicial efectivo. En los tribunales, la carga de la prueba debe recaer sobre la empresa,
de manera que sea esta quien deba demostrar si ha actuado adecuadamente o no. Esta carga no debe recaer en el demandante, quien tiene recursos limitados. Por otra parte, tal como está, la ley excluye directamente a aproximadamente el 99% de las empresas de la UE, al afectar solo a las más grandes. Tampoco contempla los riesgos e impactos de las actividaes empresariales sobre el cambio climático.

REDES, a través de sus plataformas aliadas como la PER, permanecemos vigilantes en todo este largo proceso legislativo, para que los buenos deseos se concreten en medidas que cambien las reglas del juego y que los DDHH sean respetados en la actividad empresarial. Sin el apoyo de nuestras organizaciones socias, no sería posible este esfuerzo de incidencia política y social.