Desde 2015, la Red África Europa Fe y Justicia (AEFJN) y la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario – REDES vienen realizando el acompañamiento a la población de Koudiadiène, recogiendo testimonios y dando a conocer las consecuencias de la explotación para la gente. Se evidencia la falta de empleo, los problemas de salud derivados del polvo omnipresente y la pérdida de superficie cultivable en el entorno cercano al pueblo con las correspondientes dificultades para el desarrollo de la actividad económica tradicional en la zona. [2]

En mayo de 2017 los representantes del pueblo de Koudiadiène, y los responsables de la explotación minera llegaron a un acuerdo, por el que la empresa, a propuesta de sus directivos, se comprometía a una serie de contraprestaciones que pudiesen aliviar la precaria situación de los habitantes de Koudiadiène por el impacto de la mina. Las medidas acordadas respondían a los ámbitos en los que representantes de la población expresaron las demandas de la comunidad: la salud, el empleo, la formación laboral de los jóvenes, la promoción de microcréditos y proyectos productivos y por último, la concertación de un plan integral de medidas ambientales y socioeconómicas de reducción del impacto durante la explotación y de remediación para la zona al final de los trabajos. Se trataba de una batería de medidas que hacían ver la buena intención de la empresa para el desarrollo de sus actividades con la diligencia debida más allá de lo estipulado por la legislación nacional e internacional.[3]

Sin embargo, pasado un año de aquel compromiso los portavoces de la comisión delegada de la población nos trasladan que nada de lo prometido y de la palabra dada por SEPHOS se ha llevado a cabo. Nada.

De acuerdo con las informaciones aportadas por los representantes de la comunidad, las prácticas de la empresa SEPHOS en la explotación minera de Koudiadiène no se diferencian de las de otras empresas extranjeras en Senegal: el inclumplimiento de las medidas previstas en los planes de Impacto ambiental y socioeconómico para paliar los riesgos detectados o la ausencia de un plan de recuperación tras el cierre de la actividad. Se trata condiciones sin las que la explotación no debía haber comenzado pero las autoridades senegalesas dejan hacer. Por otro lado la prometida disminución de actividad de la explotación sobre la que informó la empresa en nuestra visita en 2017, no se está dando. Hecho que se ha aprovechado para la toma de muestras de polvo para su análisis por expertos universitarios involucrados en el acompañamiento a la zona.

Por parte de AEFJN y REDES, hemos manifestado a SEPHOS en repetidas ocasiones nuestro deseo de continuar con el proceso de diálogo en la línea de búsqueda de un ejemplo de buenas prácticas en el desarrollo de una actividad empresarial respetuosa con los Derechos Humanos. Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones iniciales, nuestras comunicaciones no están obteniendo respuesta. No obstante, pedimos a la empresa que cumpla sus compromisos y que más allá de la legalidad vigente adopte un sistema de explotación según la diligencia debida que en todo caso garantice los derechos básicos de los legítimos dueños de la tierra.

José Luis Gutiérrez – AEFJN  //  Jaime Palacio Forcat – REDES

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[1] Para entender las políticas de la UE sobre las materias primas ver https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/policy-strategy_en

[2] Para conocer en detalle la evolución de ese caso se puede acceder al informe realizado en 2015 por AEFJN y a distintos artículos que describen con una cronología detallada todas las fases de este caso. O bien estos otros:

http://www.africacuestiondevida.org.es/las-multinacionales-que-extraen-fosfatos-en-senegal-no-cumplen-la-legalidad/

[3] Código minero de Senegal y recomendaciones de la FAO