Doce millones de víctimas ambientales al año

Durante 4 días tiene lugar el V Foro regional de la ONU para América Latina y Caribe sobre Derechos Humanos y Empresas, un espacio de diálogo entre los gobiernos, las empresas, la sociedad civil y las comunidades locales sobre las tendencias, los desafíos y las buenas prácticas para prevenir y abordar los impactos de las empresas sobre los derechos humanos.

Los llamamientos para poner a las personas y al planeta en el centro de las respuestas a la pandemia de COVID-19, para considerar las consecuencias económicas como sociales, y para garantizar una recuperación inclusiva, responsable y sostenible han sido unánimes. En este contexto, el Foro ha explorado cómo los estándares de conducta empresarial responsable pueden contribuir a definir e implementar respuestas a la COVID-19, así como a otros desafíos mundiales como la emergencia climática, que sean sostenibles y respetuosas de los derechos humanos.

El foro de este año pretendía evaluar el progreso realizado por los gobiernos de la región en la implementación de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos para fortalecer la prevención de los abusos de derechos humanos relacionados con las empresas; compartir buenas prácticas de las empresas sobre la diligencia debida para  cumplir con su responsabilidad corporativa de respetar los derechos humanos, a fin de evitar impactos adversos en las personas y el medio ambiente y ofrecer reparaciones cuando se produzcan abusos; explorar cómo los gobiernos y las partes interesadas pueden promover el acceso a los mecanismos de reparación; concientizar sobre las preocupaciones y los desafíos que enfrentan los pueblos indígenas y las comunidades locales con respecto a los efectos adversos de las actividades empresariales en los derechos humanos y el medio ambiente.

El evento fue enmarcado por Marcos Orellana, Relator de Naciones Unidas sobre sustancias y desechos peligrosos. Explicó como cada año 12 millones de personas mueren a consecuencia de la contaminación ambiental. Por tanto, la gestión ambiental es de enorme importancia para que podamos disfrutar de los Derechos Humanos. „Las zonas de sacrificio ya no son un problema local, está comprometiendo la capacidad de la Tierra para regenerse, es un problema global encontrar modelos de desarrollo armonioso con la Naturaleza.“ Así se refería el relator a las comunidades de bajos ingresos que soportan más que su parte justa de los daños ambientales relacionados con la contaminación, los desechos tóxicos y la industria pesada. Las víctimas de estas comunidades no se distribuyen democráticamente, sino que se trata de las poblaciones más vulnerables: menores, indígenas, personas con menos recursos… Por su parte, las empresas irresponsables aprovechan los vacíos legales.

Junto a Manuel escuchamos la intervención de otros dos líderes locales sobre su resistencia ante la contaminación ambiental generada en sus territorios por las prácticas sostenidas de empresas irresponsables: Carmen Chambi, desde Cuzco (Perú), portavoz de la plataforma nacional de afectados por metales pesados y Wandeberg de Oliveira, desde Piquiá de Baixo (Brasil), joven líder de la comunidad de pobladores. Este útlimo caso es uno de los que conforman el informe de vulneración de DDHH en Amazonía elaborado por REPAM y presentado por Enlázate por la Justicia en España en 2019.

Ambos nos hablan de décadas de denuncias y resistencia en situaciones tremendamente desiguales. Sus modos de vida tradicionales han tenido que ser abandonados porque la contaminación diversa (aguas, aire, suelos…) en su entorno es insoportable. Sus comunidades son víctimas del „interés público“ preconizado por los estados, frente a los Derechos Humanos. La convergencia de las distintas comunidades afectadas, que saben que no están solas en sus luchas, permite mantener la esperanza frente a las maquinarias legales de las empresas irresponsables.

Estos emocionantes testimonios, tristemente conocidos y cercanos a las misioneras y misioneros de las congregaciones a las que se vinculan las entidades de REDES, nos refuerzan en el trabajo de Incidencia Política para fortalecer la legislación a nivel nacional e internacional e ir achicando esos vacíos para que las empresas se sumen a buenas prácticas de evaluación de riesgos e impactos, monitorización de los mismos en toda su cadena de suministros y, en caso de que ocurran acidentes, garantía de acceso a la reparación justa. En esta línea, los próximos 23-24 de octubre, REDES celebrará su Encuentro anual de Incidencia Política, para compartir cómo nuestras entidades socias van fortaleciendo su trabajo de incidencia desde el nivel local. 

Escuhamos a las víctimas, acompañamos sus procesos propios y reforzamos las alianzas para tejer una red que las sostenga hasta lograr que puedan disfrutar de sus derechos.