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Pedimos desbloquear la tramitación de la ILP

 / octubre 01,2025

Entidades de Iglesia pedimos la aprobación de una regularización extraordinaria que ponga en el centro la dignidad de las personas migrantes.

Con motivo de la 111ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, a celebrar este domingo 5 de octubre, consideramos urgente y necesaria la ILP para promover una convivencia justa y solidaria.

Madrid, 1 octubre.- Desde una convicción cristiana y humanista, el equipo eclesial que impulsa esta iniciativa desde hace 4 años (Cáritas, CONFER, Departamento de Migraciones de la CEE y REDES) denunciamos la exclusión generada por la irregularidad administrativa y exigimos medidas que restituyan derechos básicos y promuevan una convivencia justa y solidaria.

El Reglamento de Extranjería (RD 1155/2024), en vigor desde mayo de 2025, constituye un paso positivo y necesario para garantizar los derechos y la dignidad de las personas migrantes. Sin embargo, deja fuera a numerosos colectivos vulnerables que nuestras entidades acompañan cotidianamente, como personas con difícil empleabilildad, solicitantes de protección internacional denegada, familias con niños y niñas en situación irregular…

En su comparecencia en el Parlamento el pasado junio, Cáritas subrayó que no se trata de pedir privilegios, sino de justicia, reconociendo la realidad de cientos de miles de personas que ya forman parte activa de nuestra sociedad.

Desde el Grupo Eclesial de apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) instamos a todos los grupos parlamentarios a que:

  • Retomen la vía del consenso en materia migratoria, fuera de discursos de odio y polarización, sin instrumentalizar a personas vulnerables, tal y como mostraron el 9 de abril de 2024 en la aprobación de la tramitación de la iniciativa con una amplia mayoría.
  • Aprueben, sin más dilaciones, la regularización extraordinaria en trámite en el Congreso.
  • Garanticen que este tema esencial para la convivencia, el bien común y la dignidad humana quede al margen de los cálculos políticos.
  • Escuchen el clamor de la sociedad civil, de la Iglesia y de las propias personas migrantes que reclaman reconocimiento y justicia.
  • Y exhortamos, en todo caso, al Gobierno español a que, en el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades, adopte esta medida si no fuese posible alcanzar el respaldo de una mayoría parlamentaria.

La regularización extraordinaria es una medida de responsabilidad política, ética y social. Ha llegado la hora de dar un paso decidido hacia una sociedad más justa e inclusiva, donde nadie quede relegado a la invisibilidad y la exclusión.

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