Carta desde Latinoamérica

Más de 100 organizaciones de sociedad civil de 13 países de Latinoamérica y Caribe, han pedido al gobierno español que ejerza un rol activo para impulsar la aprobación de la directiva europea de Diligencia Debida que obligará a las empresas multinacionales que operan en la región a responsabilizarse de potenciales malas prácticas que vulneren los derechos humanos y afecten al medioambiente.  

Las negociaciones de la futura Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDDD, por sus siglas en inglés) entran en su fase final durante la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea que ha comenzado el 1 de julio y que durará hasta el 31 de diciembre de 2023.  Se trata de una legislación clave, que afectará de manera decisiva a las prácticas de sostenibilidad y respeto a los derechos humanos de las empresas europeas, tanto en la propia UE como en otros países.

En una carta enviada al gobierno español, las organizaciones firmantes solicitan a la presidencia que trabaje en busca de un acuerdo político para impulsar la directiva durante su mandato, que ejerza un rol de liderazgo en las negociaciones y vele por la integridad del texto final. La carta incluye una serie de recomendaciones por parte de la sociedad civil latinoamericana y caribeña a la presidencia española de la UE, para lograr una directiva robusta y eficaz.

La aprobación de esta directiva es de vital importancia para las comunidades de América Latina y el Caribe. Entre las organizaciones firmantes podemos destacar la presencia eclesial: Red Ecuménica Iglesias y Minería, Comisión Episcopal de Acción Social-Perú, Pastoral de la Tierra de Brasil, Comisión de Provinciales Jesuitas, Oficina de DDHH del Arzobispado de Guatemala, Red Nacional de Pastoral Ecológica-Ecuador, entre otras. Coincide que hace precisamente 2 años se publicara la carta de más de 200 obispos apoyando este tipo de legislación.

Con una notable presencia de empresas españolas y europeas en la región y una alta participación (directa o a través de su cadena de valor) en actividades que entrañan riesgos sociales y ambientales (energía, minería, infraestructuras, etc), la región de América Latina – Caribe es uno de los territorios ajenos a la UE en los que esta legislación podría tener un mayor efecto.

A la carta le acompaña un listado de casos que ilustran impactos y vulneraciones de derechos humanos sufridas por nuestras comunidades y que demuestran por qué es de vital importancia la aprobación de la directiva para la región.