Nuestra compañera Karen Arias, del Grupo de Incidencia Política, ha participado en el seminario: Hoja de ruta para el Compromiso de Sevilla sobre financiación del desarrollo, organizado por la red de universidades jesuítas, UNIJES. Después del impulso de REDES durante la Conferencia de Financiación del Desarrollo de Sevilla (FfD4) del pasado mes de julio, continuamos el trabajo de incidencia para monitorear los compromisos alcanzados en Sevilla y lograr avances hacia una financiación del desarrollo más justa y la resolución de la crisis de la deuda que, como señaló Jaime Tatay en la presentación, condiciona las oportunidades reales de millones de personas.
Macarena Romero, desde la Federación Internacional de Fe y Alegría, en la que participa nuestra socia Entreculturas, insistió en que la sostenibilidad de la deuda debe analizarse desde sus efectos reales en políticas públicas y derechos. Por ejemplo, los países de América Latina dedican el 35% de sus ingresos fiscales a pagar la deuda, lo que compromete sus inversiones sociales (salud, educación…). Este debate debe incorporar de forma explícita indicadores sociales, y la dimensión ética: la arquitectura financiera no es neutral y tiene consecuencias distributivas. Enfatizó la necesidad de que los acuerdos de deuda estén alineados con la Agenda 2030 y no la comprometan.
El problema no es únicamente cuantitativo (cuánta deuda tienen los países), sino estructural: cómo se organiza su tratamiento cuando la deuda se vuelve insostenible, como lo está siendo para cada vez más estados del sur global. La jornada confirmó que la deuda y la financiación del desarrollo no son asuntos técnicos reservados a especialistas, sino decisiones estructurales que determinan el margen de maniobra de los Estados y las posibilidades reales de avanzar hacia un desarrollo sostenible, inclusivo y justo.
Cristina Díaz, Embajadora en Misión Especial para la Financiación del Desarrollo, señaló que existen acuerdos multilaterales y compromisos, pero no se aplican efectivamente. Es necesario integrar de forma coherente las dimensiones financiera, climática y social del desarrollo. La coherencia de políticas es tan relevante como el volumen de fondos. Por tanto, la sostenibilidad de la deuda ya no puede entenderse solo como un problema financiero, sino como un cruce entre estabilidad macroeconómica, derechos sociales y gobernanza global.
Marta Mulas, de AECID, destacó la importancia de fortalecer la cooperación financiera como herramienta estratégica, no solo como transferencia de recursos, sino como instrumento para catalizar inversión sostenible y resiliente. Olga Pozo, de la Agencia Andaluza de Cooperación, aportó la experiencia de la cooperación descentralizada, poniendo en valor la proximidad territorial, la articulación con Iberoamérica y la necesidad de una cooperación más horizontal y basada en alianzas. El debate dejó claro que el reto actual no es únicamente aumentar la ayuda, sino mejorar su calidad, su alineación con prioridades locales y su capacidad transformadora.
Los centros universitarios de UNIJES presentaron estudios que ponen de manifiesto que la financiación para el desarrollo requiere coherencia entre cooperación, política fiscal internacional, sostenibilidad de la deuda y acción climática. El ámbito académico y universitario tiene un papel estratégico: generar evidencia rigurosa, formar profesionales con mirada ética y contribuir al debate público con propuestas constructivas.
En opinión de REDES, la deuda no puede seguir abordándose exclusivamente como una variable macroeconómica, sino como una cuestión de justicia global y coherencia con los compromisos de desarrollo sostenible. Consideramos insuficiente cualquier enfoque que no incorpore de manera explícita criterios de derechos humanos y protección social. La sostenibilidad de la deuda debe medirse también por la capacidad real de los Estados para garantizar educación, salud, transición ecológica y reducción de desigualdades. En un contexto de fragmentación geopolítica y creciente complejidad financiera, es urgente avanzar hacia una arquitectura internacional más transparente, equitativa y orientada al desarrollo, donde los costes de las crisis no recaigan desproporcionadamente sobre las poblaciones más vulnerables.